La Constitución española de 1978 es una de las mejores del mundo. Eso es una realidad jurídica, política e histórica irrebatible. Fuerte y a la vez dinámica, con una completa y avanzada carta de derechos y libertades, nos ha proporcionado 40 años de paz, prosperidad, crecimiento y libertad, seguramente los mejores de nuestra historia. Así que estos tienen que ser unos días de celebración, hay que estar muy orgullosos de ese gran acuerdo fraguado en la Transición, una suma de renuncias que cuajó en la semilla de lo que hoy es nuestra nación: una de las democracias más avanzadas del planeta, un extraordinario lugar para vivir.

Con esta Carta Magna, España está mucho mejor que hace cuatro décadas en todos los aspectos. Es de justicia reivindicarla y defenderla, pero los poderes públicos debemos también garantizar su aplicación en toda su extensión y en todos los lugares del país. Esa es a día de hoy la principal obligación que tenemos contraída con ella, porque desgraciadamente hay políticos trabajando sin descanso por liquidarla y vulnerándola con impunidad. Precisamente esto, que nacionalistas y populistas quieran destruirla, es otra prueba más del gran servicio que la Constitución hace a nuestra democracia.

Con todo, los liberales miramos siempre al futuro con espíritu de reforma. Cuarenta años después, es momento también de analizar qué partes de la Carta Magna pueden mejorarse y actualizarse para que esa gran obra colectiva no pierda vigor. Una reforma que debe abordarse para satisfacer al pueblo español, no para contentar a quienes quieren liquidar la nación, y con dos orientaciones fundamentales: garantizar la igualdad entre españoles que se ha puesto en jaque porque los sucesivos gobiernos bipartidistas han confundido descentralización con fragmentación; y regenerar la vida pública para que los ciudadanos vuelvan a depositar toda su confianza en sus instituciones.

Tenemos que ponernos de acuerdo para garantizar la igualdad de derechos de todos en educación, sanidad, dependencia o justicia, entre otros. También es necesario eliminar privilegios políticos como los aforamientos, cambiar el sistema electoral para hacerlo más proporcional, abordar la reforma o cierre del Senado o despolitizar la justicia. Se trata, en definitiva, de buscar una reforma que vuelva a unir a los españoles y no trate de dividirlos, que garantice la igualdad y acabe con los privilegios y que regenere nuestra democracia para que los españoles puedan renovar su confianza en ella.